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F A M 23(2001) 113-117
SELECCIÓN
BIBLIOGRÁFICA
Inadaptación social y delincuencia
Rafael Ramírez Gutiérrez Pedagogo. Asesor Familiar.
El tema que presentamos, la inadaptación social y delincuencia, es actual por varios motivos; uno de ellos, fundamental, es la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (que ha entrado en vigor el 13 de enero del presente año); otro motivo son los fenómenos que se producen en nuestra sociedad, relacionados con los jóvenes y menores, como la «kale borroka» o el incremento de violencia en las aulas de secundaria. Alrededor de estos fenómenos se aglutinan una gran amalgama de factores: educativos, económicos y culturales. La nueva Ley de Responsabilidad Penal de Menores está encontrando grandes dificultades en su aplicación, dificultades que van desde la no existencia de im presupuesto «real», para su ejecución; esto se traslada a la falta de recursos para cumplir las medidas judiciales que se pueden imponer a los menores, inexistencia en algunas Comunidades Autónomas de espacios físicos para los juzgados de menores, escasos recursos humanos, jueces, fiscales, medios económicos; existencia de un reglamento que desarrolle la ley. Estas carencias y algunas más están provocando que la aplicación de la misma esté resultando conflictiva. Esta ley introduce apartados novedosos en la consideración de los menores, la responsabilidad penal comienza a los dieciocho años, aunque para los delitos cometidos antes la ley recoge 13 medidas o sanciones. Es una ley con una doble visión, es sancionadora y, a la vez, reeducativa. Desde el ámbito legal, hay voces que argumentan que al tener demasiada flexibilidad en la imposición de medidas (medidas que se escalonan entre la amonestación o retirada de carnet de ciclomotor hasta el intemamiento en centro cerrado durante un período de tiempo máximo de diez años), ya que ante un mismo delito la medida a imponer depende no sólo del delito, sino del informe del equipo técnico sobre el menor y de la petición del fiscal, esto genera «inseguridad jurídica». El menor o joven no tiene claro qué medida se le va a imponer ante un hecho delictivo. En el cumplimiento de medidas todavía no
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