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LOS ESFUERZOS DE LA JERARQUIA ESPAÑOLA POR UN ACUERDO CON EL ESTADO EN MATERIA RELIGIOSA, EN 1931 Habían pasado los primeros meses de Ia República. Las primeras risueñas esperanzas de muchos habían sido en cierto modo nubladas por el humo de los conventos e iglesias incendiados los días 11 v 12 de mayo. El cardenal Segura se había visto obligado a huir de España a raíz de su imprudente pastoral del 1 del mismo mes, y a su vuelta de Roma a España había sido expulsado formalmente por el ministro de Ia gobernación el día 16 de junio. La captura de unos documentos en los que el cardenal de Toledo daba normas precisas a los obispos españoles sobre Ia venta de bienes eclesiásticos y otros puntos delicados había puesto al rojo vivo Ia tensión en las relaciones de Ia Iglesia y el Estado, ya muy agravadas desde el principio del nuevo régimen. El secular anticlericalismo español esperaba su hora. No podemos decir que Ia jerarquía española hubiera adoptado una postura rígida. Su actitud fue más bien de miedo y de desconcierto. Guiados por el nuncio todos los obispos menos uno publicaron una breve nota de acatamiento al poder constituido. Pero una exposición de agravios al gobierno de Ia República, escrita por Segura desde Roma, y una pastoral inoportuna a todas luces publicada por el mismo, el día 15 de agosto, condenando el anteproyecto de constitución, habían complicado gravemente las cosas. La carta pastoral iba firmada por todos los obispos, pero éstos no habían tenido tiempo de conocerla ni de expresar serenamente su parecer. El cardenal Vidal y Barraquer se negó en redondo a dar su firma, pero el de Toledo se adelantó a todo y Ia pastoral salió en versiones distintas y con distintas fechas en los periódicos católicos de España. El cardenal de Tarragona era partidario de enviar por provincias eclesiásticas un mensaje respetuoso pero enérgico a las Cortes, como así Io hizo él. Los arzobispos de Sevilla y Valladolid hicieron Io mismo : Se trataba de andar con cuidado, de defender sin miedo los derechos de Ia Iglesia pero de tal forma que no fuera ocasión para nuevas invectivas y malas interpretaciones. La campaña contra el cardenal Segura crecía por momentos. Las Cortes habían comenzado el 18 de agosto a discutir el articulado del proyecto de constitución, después que el gobierno rechazó el anteproyecto de Ia comisión jurídica asesora, por considerarlo excesivamente moderado y conservador. El anteproyecto se veía así atacado por dos frentes: por los obispos en una carta pastoral, que parecía oficial, y por el gobierno de Ia República.
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