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En agosto de 1936 se comenzó en la provincia de Salamanca a tomar
las primeras medidas depuradoras en la enseñanza, sujetas la mayoría al arbitrio de
la autoridad que decidía al respecto (autoridad militar de la plaza o de la región, Gobernador Civil, Rector de la Universidad, e incluso también cacicadas locales de la
mano de alcaldes y de “señores de horca y cuchillo”, que de todo hubo). La depuración
sistemática y regulada por una normativa comenzó poco después, en noviembre, de la
mano de la Junta Técnica de Estado y de la Comisión de Cultura y Enseñanza, con los
primeros decretos y órdenes, y con la constitución de las comisiones depuradoras, que
procedieron de inmediato. La Comisión C (así denominada por el orden establecido
en el decreto) fue la responsable de depurar a los funcionarios públicos docentes de
las escuelas normales de magisterio y de la inspección de primera enseñanza, de las
escuelas de trabajo y de artes y oficios, de comercio y de los conservatorios de música,
además de al personal administrativo de todas estas instituciones. La depuración de
los profesores de la Normal de Magisterio de Salamanca y de la Inspección provincial,
que es lo que aquí se estudia, fue una depuración peculiar, sorprendentemente rápida
(de diciembre de 1936 a febrero de 1937) y resolutiva, a diferencia de lo que fue la del
magisterio primario provincial, y además se hizo por cargos exclusivamente políticos,
excluyendo los religiosos, profesionales y de conducta pública y privada
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