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Desde 1991 Colombia es un Estado Social de Derecho en donde progresivamente, el
discurso de la garantía de derechos se ha ido plasmando tanto en la jurisprudencia como en
los instrumentos de planeación y otras fuentes oficiales. De manera simultánea, Bogotá ha alcanzado transformaciones sociales, económicas, políticas, entre otras, lo cual le ha permitido hacerse visible en el concierto de ciudades.
En este contexto, con orientación del pensamiento complejo, se elaboró y usó un
modelo de análisis de políticas públicas, con el cual se exploraron interacciones entre las
transformaciones de Bogotá y la garantía de derechos a la población vulnerada, con mayor énfasis en la infancia.
Luego del estudio se concluyó que en Bogotá el discurso de la garantía de derechos aún es distante de la práctica en la implementación de las políticas públicas (en sentido general). Hasta la fecha, la acción gubernamental se mide con indicadores de logro a las metas en los proyectos, programas y planes de desarrollo sin que estos tengan indicadores de del alcance en el efectivo goce de los derechos.
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