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REDC 44 (1987) 591-608
LOS CENTROS SANITARIOS ACREDITADOS PARA LA PRACTICA LEGAL DEL ABORTO. TEXTO LEGAL Y COMENTARIO
I.----TEXTO
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Real Decreto 2409/1986, de 21 de noviembre sobre centros sanitarios acreditados y
dictámenes preceptivos para la práctica legal de la interrupción voluntaria del embarazo (*). La sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de Abril, exige la comprobación del supuesto de hecho en los casos de aborto terapéutico y eugenésico, así como que el aborto se realice en centros sanitarios públicos o privados autorizados al efecto o mediante otra solución similar dentro del marco constitucional. Concretamente, la sentencia recuerda 'el deber del Estado de garantizar que la realización del aborto se llevará a cabo dentro de los límites previstos por el legislador y en las condiciones médicas adecuadas para la salvaguardia del derecho a la vida y a la salud de la mujer'. El articulo 417 bis del Código Penal declara expresamente no punible la práctica del aborto en los supuestos de 'grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada', 'delito de violación' y 'presunción de que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas'; determina las comprobaciones previas que han de constar, exige el consentimiento expreso de la mujer embarazada y la realización del aborto por el Médico o bajo su dirección en centros o establecimientos públicos o privados acreditados. El presente Real Decreto viene a precisar y facilitar el estricto cumplimiento de los requisitos legales y sanitarios exigibles en los casos y circunstancias a que se refiere la citada Ley, así como la correspondiente adecuación de la estructura asistencial y sanitaria, habida cuenta de la experiencia acumulada desde la publicación de la Orden de 31 de Julio de 1985, siguiendo las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y organizaciones profesionales de carácter internacional, y la entrada en vigor de la Ley 14/1986, de 25 Abril, General de Sanidad, de acuerdo con lo previsto en
sus artículos 29.2, 40.7 y disposición final cuarta.
Como es lógico, los referidos requisitos o exigencias no son de aplicación en los supuestos de exención de responsabilidad, ni en la legítima atención o intervención médica o quirúrgica.
(*) BOE, 24 de noviembre de 1986, núm. 281.
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