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REDC 68 (2011) 85-110
EL IUS POSTULANDI DE LAS PARTES: ¿ACTUACIÓN DEL ACTOR POR SI MISMO O ASISTIDO DE ABOGADO?
RESUMEN
Excepto en las causas en que resulta preceptiva la intervención de abogado (c.1481, §§ 2 y 3), la regulación canónica del ius postulandi permite que la parte actúe por sí misma, salvo que el juez le obligue a intervenir con abogado y procurador. Partiendo de este amplio margen de discrecionalidad del juez en las causas de nulidad matrimonial, la autora esboza los criterios que deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidir permitir o denegar la autodefensa de la parte. Estos criterios se deducen del análisis de los textos normativos –Código de Derecho Canónico y, sobre todo, Instrucción Dignitas Connubii- y del principio procesal de igualdad de partes, puesto que la actual regulación procesal establece notables diferencias entre las partes privadas según éstas ejerzan el ius postulandi por sí mismas o asistidas por patronos. Tras este análisis normativo y sistemático, la autora concluye que el ejercicio del ius postulandi directamente por la parte –especialmente, la parte actora- aunque posible, resulta desaconsejable por los serios inconvenientes que implica para la adecuada defensa de las pretensiones de la parte y para la buena marcha del proceso. Debe revalorizarse el papel de los abogados canónicos, habida cuenta su importante función en el proceso y su papel insustituible en la defensa de los derechos de los litigantes.
ABSTRACT
Apart from the cases where the presence of an advocate is required (c.1481, §§2 and 3), canon law allows the parties to plead and respond personally in the process, unless the judge considers the services of a procurator or advocate to be necessary. Taking into account the wide discretion of the judge in matrimonial cases, the author points out the criteria to be considered in the judge’s decision to allow or deny the litigating parties’ self-defense. These criteria are deduced from the analysis of the Code of Canon Law and the Instruction Dignitas Connubii, and also from the procedural principle of equality between the parties, since the present canonical norms introduce important differences between the private party who stands before the court by itself and the one who is defended by a lawyer. After this analysis, the author concludes that self-defense of the litigant parties - specially, plaintiff’s self-defense - is possible, but is not recommended
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